<p> <img  src="https://almacenfotos.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/03/19131009/El-caso-Gondola.jpg" style="max-width:500px;height:auto;" ></img></p><p> En el actual proceso concursal de Hermanos Santana Cazorla SL, que se encuentra en etapa de liquidación, hay un total de catorce acreedores involucrados. Este grupo abarca desde administraciones públicas hasta diversas entidades financieras, empresas del sector turístico y de servicios, y particulares. De acuerdo con información de fuentes del ámbito judicial, la deuda reconocida asciende a más de 200 millones de euros. A esta cifra se le deben agregar al menos 80 millones de euros correspondientes al concurso de Mar Abierto, compañía que gestiona los hoteles del grupo Santana Cazorla ubicados en Taurito. Como se informó anteriormente, el Juzgado de lo Mercantil número 1, situado en Las Palmas de Gran Canaria, decidió el 31 de mayo abrir la fase de liquidación del caso, lo que implica la disolución de la empresa tras la falta de presentación de un convenio de acreedores en el plazo establecido. El listado de acreedores incluye a diversas entidades, <a href="https://www.4shared.com/s/fTBgaD2lsjq">https://www.4shared.com/s/fTBgaD2lsjq</a> tales como Isla Marina, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), Banco Sabadell, la Mancomunidad Residencial Pino II, la aseguradora Asefa, Caixabank, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros. El juez Alberto López tomó la decisión, en conformidad con las normativas concúrsales, de suspender a Hermanos Santana Cazorla SL en sus capacidades de gestión y disposición de los bienes y derechos que forman parte de la masa activa. Además, se ordenó la disolución de la empresa y la remoción de sus administradores o liquidadores, quienes serán reemplazados por la administración concursal. También se decidió el vencimiento anticipado de los créditos concursales que estuvieran aplazados, así como la conversión a dinero de aquellas deudas que consistan en otros tipos de prestaciones. Finalmente, se publicó la resolución judicial en el Registro Concursal Público y en el Tablón Edictal Judicial Único, además de formalizar la apertura de la fase de liquidación en el Registro Mercantil. Todo esto puede ser objeto de un recurso de reposición por parte de la empresa, aunque dichas acciones no tienen efectos suspensivos, y también se contempla la posibilidad de un recurso de apelación.</p>